Mediante la Resolución del 16 de enero de 2025, la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, la “SFC”) impuso un llamado de atención a una aseguradora por incumplir normas de protección al consumidor financiero al ofrecer productos con condiciones diferentes a las informadas a los consumidores.

En este caso, la SFC sancionó a la aseguradora por comercializar, a través de una agencia de seguros, un producto bajo la denominación de “todo riesgo”. Sin embargo, tras revisar las condiciones generales del seguro, la SFC concluyó que las condiciones no correspondían a un seguro todo riesgo, sino a un producto de riesgos nombrados.

A pesar de que la aseguradora sostuvo que su producto cumplía con las características de un seguro todo riesgo y que en el mercado otras aseguradoras ofrecían productos similares bajo la misma denominación, la SFC mantuvo la sanción teniendo en cuenta las siguientes:

Consideraciones: 

1. Deber de diligencia y transparencia:
   
   Las aseguradoras, como profesionales en el ejercicio de su actividad, tienen la obligación de actuar con diligencia y transparencia en la oferta de sus productos, asegurando que la información proporcionada a los consumidores financieros sea clara, suficiente y veraz.
   
   “(…) es del caso resaltar que las entidades aseguradoras deben atender obligaciones especiales que superan los límites propios de los contratos celebrados en razón a la naturaleza de la actividad que de manera profesional ejercen, particularmente las consagradas en la Ley 1328 de 2009, bajo los principios de debida diligencia y trasparencia de información que se establecen en los numerales a) y c) de su artículo 3º y en el literal b) del artículo 7 ibídem, en donde se consagra la obligación especial de suministrar información comprensible, transparente, clara, veraz y oportuna al consumidor financiero acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. Debiéndose resaltar que el citado deber tiene como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo.”
    
2. Los hechos de terceros no justifican la conducta:
   
   La aseguradora argumentó que otras compañías ofrecían productos con coberturas similares bajo la misma denominación, incluso a través de la misma agencia de seguros. Sin embargo, la SFC descartó el argumento e indicó que las acciones de terceros no eximen a la aseguradora de su responsabilidad frente al cumplimiento normativo.
   
   “En este orden, frente a las mentadas documentales, en cumplimiento a lo dispuesto en la citada providencia, se debe destacar que el análisis del incumplimiento normativo que aquí se adelanta se hace es frente a la investigada, (…); sin que la(s) conducta(s) de tercero(s) destinatario(s) de la norma se constituya(n) en un justificante o un eximente de responsabilidad en el marco de la actuación que nos ocupa.”
    
3. No existe una definición legal para los seguros todo riesgo:
   
   La SFC aclaró que no hay una disposición normativa que establezca una clasificación estricta entre seguros todo riesgo y seguros de riesgos nombrados. En su lugar, la Circular Básica Jurídica solo define los ramos de seguros dentro de los cuales las aseguradoras pueden operar.
   
   Respecto a la denominación “todo riesgo”, indicó que, aunque se usa específicamente para un ramo de seguro (“todo riesgo contratista”), se puede emplear para comercializar productos de otros ramos. No obstante, advirtió que dicha denominación implica la cobertura de todos los riesgos, salvo las exclusiones expresamente pactadas en el contrato.
   
   “Así mismo, tampoco puede considerarse que es solamente bajo dicho ramo que se puedan comercializar este tipo de productos, pues es del caso insistir en que las pólizas denominadas “todo riesgo” corresponden a una modalidad de seguros en los cuales se amparan los riesgos a los cuales se ve expuesto el interés asegurable, respecto de los cuales se consagran exclusiones como limitación frente a la asunción del riesgo por parte de la compañía de seguros.”
    
4. Correspondencia entre las condiciones del producto y su nombre:
   
   Finalmente, la SFC enfatizó que, si bien la expresión “todo riesgo” no cuenta con una definición legal específica, su uso en la oferta de un seguro debe coincidir con las condiciones efectivas del producto. En caso contrario, se puede generar confusión en el consumidor financiero.
   
   “Al respecto, es importante recordar que la denominación “todo riesgo” implica, por parte de la aseguradora la asunción de todos los riesgos, salvo las exclusiones debidamente descritas en el contrato y, teniendo en cuenta lo referido en las condiciones generales de las pólizas de [la aseguradora], es claro que en ellos se delimita su responsabilidad al establecer el cubrimiento de amparos definidos en el contrato de seguros, sin que las condiciones generales establezcan la posibilidad de asumir todos los riesgos como lo señala la compañía, pues es claro que los mismos, tal como se advierte, son delimitados en su texto.
   
   Ello aunado a que, en ningún aparte del condicionado general se menciona lo ofrecido al consumidor en la publicidad bajo estudio, esto es, que se trata de una póliza todo riesgo.
   
   En ese orden, dicha denominación de todo riesgo que obedece a una condición de mercado y/o comercialización debe ajustarse a las condiciones del producto, ello con el fin de evitar interpretaciones erróneas al momento de la suscripción y posterior reclamación, en el evento de que ésta se presente.”