Una de las políticas públicas más esperadas en el país era la política portuaria, considerando que la última política pública en la materia había sido expedida hace 10 años mediante el Documento CONPES 3744 de 2013.

Mediante el Documento CONPES 4118 de 2023, el Gobierno Nacional expidió la nueva política nacional portuaria, con el objetivo de promover la eficiencia del sector portuario colombiano en busca de su adaptación al entorno global. Se estima que el cumplimiento de esta política asciende aproximadamente a los 11.746 millones de pesos y generará inversiones cercanas a los 10,66 billones de pesos.

La política está compuesta de 1 objetivo general, a saber, promover la adaptación del sistema portuario colombiano bajo criterios de sostenibilidad ambiental, para fomentar la eficiencia en su operación y desarrollo. Dicho objetivo general se cumplirá a partir de 7 objetivos específicos que responden a 7 pilares y 17 líneas de acción. Se busca que lo anterior sea ejecutado a partir de 25 acciones específicas que componen el Plan de Acción y Seguimiento (PAS).

El primero de los objetivos específicos es articulación del sistema portuario con los instrumentos de planificación territorial; dentro de este, se destaca la actualización del Plan de Ordenamiento Físico Portuario y Ambiental, que se tornará en elemento de análisis para el otorgamiento o prórroga de concesiones portuarias.

El segundo objetivo busca incorporar buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social en el sistema portuario. Para el cumplimiento del mismo se busca la medición de la huella de carbono de las actividades portuarias, considerar el hidrógeno como potencial energético y el desarrollo de hubs energéticos en las zonas portuarias; así como la obligación de aprovechamiento del material de dragado.
 

La actualización de la regulación tarifaria y de contraprestación portuaria es el tercer objetivo de la política pública. Para ello se plantea la revisión de la estructura de mercado de los servicios portuarios para tomar una decisión en torno al esquema actual de tarifas; así mismo se propondrá una metodología de cálculo de la contraprestación portuaria que atienda a principios de objetividad, justicia, simplicidad y transitabilidad. Por su parte, el cuarto objetivo busca mejorar los accesos marítimos, terrestres y fluviales para los cuales el Gobierno priorizará los proyectos de inversión de accesos carreteros, ferroviarios y fluviales de las instalaciones portuarias.
 

En el quinto objetivo de la política pública se plantea la actualización regulatoria del sistema portuario. Así, se buscará revisar y analizar la Ley 1 de 1991 y sus reglamentaciones correspondientes, y de igual forma se buscará establecer mecanismos que faciliten la reversión de los contratos de concesión portuaria y otorgar nuevas concesiones sin que el Estado entre a administrar los puertos del país.
 

El último de los objetivos busca fortalecer la institucionalidad del sector portuario. Para ello, entre otras cosas, se han planteado acciones de reforma interna al Ministerio de Transporte para potenciar sus funciones como autoridad portuaria nacional, lo que incluye implementar la necesidad de un concepto previo vinculante del Ministerio de Transporte para poder otorgar una nueva concesión portuaria.

Con esta política portuaria, el Gobierno Nacional da a conocer su apuesta para el sector portuario nacional en los próximos años. Será importante seguir de cerca las diferentes acciones propuestas que concretarán esta política.