La expedición del Documento CONPES 4117 ha sido altamente esperada por el sector de infraestructura en el país. Desde hace más de dos años el Gobierno Nacional venía trabajando en la redacción de este documento que compila la política de riesgo contractual del Estado en proyectos de infraestructura.
 

Teniendo en cuenta que hasta el momento se tenían un cúmulo de diferentes documentos de política pública en materia de riesgos contractuales, algunos de carácter general (como el Documento CONPES 3107) y otros de carácter especial (como los Documentos CONPES 3961, 4000 o 4028), este nuevo Documento CONPES 4117 tiene el objetivo de compilar toda la política de riesgos contractuales y fijar las disposiciones particulares para cada sector de la infraestructura. 
 

El Documento empieza por establecer los lineamientos para la administración del ciclo de gestión de riesgos en proyectos de infraestructura. Estos lineamientos, aplicables a todos los proyectos de infraestructura, parte de la base de que la gestión de riesgo contractual no solamente se limita a la asignación, de hecho, conforma todo un ciclo compuesto por un total de seis (6) fases que incluyen: la identificación, la tipificación y asignación, la evaluación cualitativa, la evaluación cuantitativa, la implementación y la gestión durante la vida del contrato.

Con lo anterior, el Documento pasa a abordar los lineamientos generales sobre la política de riesgo contractual. Estos lineamientos orientarán a las entidades estatales y a los privados en los riesgos que pueden asumirse en cada contrato; estos lineamientos son generales, sin perjuicio de disposiciones particulares que puedan llegar ser aplicables dependiendo del sector o el tipo de infraestructura del que se trate, y además, condensan las mejores prácticas internacionales en materia de riesgos para proyectos de infraestructura. Importante resaltar que, aunque el Documento fija la política para los proyectos de infraestructura, en las iniciativas privadas puedan proponerse medidas más favorables para la entidad estatal.

Así, el Documento establece una política general para la distribución y asignación de riesgos, por ejemplo, en material predial, obtención de licencias y permisos, social, diseño, construcción, fuerzas mayores, liquidez, financiación, entre otros.

Posteriormente, el CONPES 4117 aborda la definición de una política particular para cada tipo de proyecto de infraestructura. Al respecto, se destaca que los lineamientos generales priman sobre estos lineamientos particulares, pero se busca que las entidades estatales cuenten con disposiciones específicas que atiendan a las características de cada proyecto y el contexto en el que se desarrollan.

De esta forma, se fijan criterios de riesgos para proyectos que usualmente ya tenían algún tipo de definición en materia de riesgos, como son los proyectos carreteros, de puertos, aeropuertos o de transporte férreo. Pero, por otro lado, en lo que quizás es la característica más novedosa del Documento, se abordan disposiciones particulares para nuevos tipos de infraestructura como son las plantas de tratamiento de aguas residuales, la infraestructura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, infraestructura para educación, energía, justicia (cárceles), edificaciones públicas entre otras.
 

Estas disposiciones dan la viabilidad y el respaldo necesario a diferentes proyectos que se encuentran en la agenda del país, como es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, la Línea 2 del Metro de Bogotá o la reactivación de modo férreo a nivel nacional.
 

Por último, el Documento CONPES 4117 fija un régimen de transición para su aplicación según el cual, los proyectos que se radiquen en los siguientes seis (6) meses para aprobación de valoración de obligaciones contingentes podrán seguir las políticas anteriores, así como aquellos proyectos que hayan sido radicados para dicha aprobación. 
 

En resumen, con la emisión de este documento de política pública, el país sigue avanzando en el desarrollo de infraestructura, buscando recoger las lecciones aprendidas y aplicar las mejores prácticas para tener una asignación y gestión de riesgos contractuales más eficiente en pro de los diferentes proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.