Los Consejos Comunitarios Afrocolombianos del Norte del Cauca solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se acreditara al río Cauca como víctima del conflicto armado en Colombia. Las comunidades afirman que, durante los periodos de violencia, el afluente ha sufrido. 

El río Cauca se usó no solo como una fosa común, sino, también, como el vertedero de químicos derivados de la producción de sustancias ilícitas y de mercurio, consecuencia de la minería ilegal. Estos hechos han llevado a que el río esté contaminado y las comunidades dependientes del mismo hayan tenido que desplazarse por el detrimento en la calidad del agua.

Por ello, la JEP, a través del Caso 05, le da prioridad a la situación del Norte del Cauca y sostiene que los delitos contra la naturaleza son una infracción al Derecho Internacional Humanitario. En este caso, se ha evidenciado que el río Cauca se vio directamente afectado por el conflicto armado colombiano, un conflicto que alteró la calidad de sus aguas y puso en peligro a las especies que habitan en el afluente.  

Debido a lo anterior, la JEP acredita al río Cauca como una víctima sosteniendo que la naturaleza es sujeto de derechos en el marco del conflicto armado y que es necesaria una reconciliación entre las comunidades y el pasado doloroso del río Cauca.