El 12 de mayo pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), con ocasión de la XI sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef), anunció la creación de un nuevo equipo de investigación, fruto de la alianza frente la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Junta Nacional de Inteligencia de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa y la Fiscalía. 

La función de este nuevo grupo de especialistas de análisis financiero es la de investigar, identificar y dar seguimiento a los grandes capitales que pudieran estar financiando la deforestación ilegal en el territorio colombiano, para así lograr proteger los recursos naturales y preservar la rica biodiversidad del país.

El fortalecimiento de la actividad investigativa criminal a través de esta alianza refuerza uno de los pilares de la estrategia contra la deforestación en el país, junto con el pilar del trabajo realizado con las comunidades aledañas o que viven dentro de las zonas mayormente afectadas por la deforestación.

Lo que busca el MADS es implementar una estrategia de contención de la deforestación que sea integral, es decir, que permita cubrir todos los eslabones de la cadena de la deforestación, desde la identificación de los responsables directos (los “terratenientes fantasmas”, los acaparadores de tierras, aquéllos que le sacan provecho desde de la venta ilegal) hasta quienes financian dichas actividades con capitales legales o ilegales. 

En lo que va corrido del 2023, según información de la Dirección de Carabineros, se capturaron 1.561 personas por delitos ambientales y se incautaron 13.492 metros cúbicos de madera ilegal.