Cumplimos 90 años y lo celebramos de una manera muy especial
Estamos lanzando un programa para otorgar 90 becas a jóvenes de todos los rincones de Colombia junto con la creación de una comunidad de aprendizaje que impulse su crecimiento profesional.
Así celebramos nueve décadas durante las cuales hemos contribuido al ejercicio de nuestro oficio en todas las ramas del derecho, siempre comprometidos con el desarrollo del país, llegando a ser reconocidos como la mejor firma de abogados de Latinoamérica.
Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este camino. Realmente ha sido maravilloso.
Se suspende la Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos
La Ley de Transparencia Corporativa (“CTA”, por sus siglas en inglés), expedida por el Congreso de los Estados Unidos en 2021 y vigente desde 2024, establece una obligación de reporte a cargo de ciertas entidades estadounidenses y entidades extranjeras registradas para hacer negocios en Estados Unidos. En dicho reporte, las entidades deben informar la identidad de sus beneficiarios reales, es decir, cualquier persona natural que directa o indirectamente (i) ejerce control sustancial sobre la entidad; o (ii) posee más del 25% del capital de esta. La primera fecha de reporte establecida en la CTA sería el próximo 1 de enero de 2025.
En el marco de los desastres generados por huracanes en ciertas zonas de Estados Unidos, en octubre de este año la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) había otorgado una extensión de seis meses del plazo de reporte a aquellas entidades que tuvieran su oficina principal en ciertas ubicaciones afectadas por dichos huracanes.
No obstante lo anterior, recientemente un grupo de entidades e individuos en el Estado de Texas demandó la CTA por considerarla inconstitucional dado que, según argumentaron, su expedición fue resultado de una extralimitación de las funciones y facultades del Congreso de Estados Unidos. Si bien el Tribunal no ha tomado una decisión definitiva sobre la inconstitucionalidad de la CTA, sí consideró que los demandantes habían presentado argumentos fundados por lo que ordenó, mediante acto preliminar, la suspensión provisional de la implementación de la CTA con efectos a nivel nacional. En esa medida, el Tribunal determinó que la FinCEN no está facultada para exigir el cumplimiento de la CTA hasta tanto no se decida su constitucionalidad.
Si bien es poco probable que se tome una decisión definitiva de aquí a antes del 1 de enero de 2025, y en consideración de que el Gobierno estadounidense ya apeló la interdicción preliminar del Tribunal, será recomendable en todo caso que las entidades obligadas preparen y tengan listo su reporte para el 1 de enero de 2025. Lo anterior, en especial atención a las consecuencias del incumplimiento (o cumplimiento parcial) en su presentación: las sanciones civiles podrán ser de hasta USD $500 por cada día de incumplimiento o cumplimiento parcial, mientras que las sanciones penales por el incumplimiento intencional podrán llegar a USD $10,000 y hasta dos años de pena privativa de la libertad.
El equipo de Gestión de Patrimonio de Brigard Urrutia está a disposición de quienes requieran acompañamiento en el cumplimiento de la obligación de reporte exigida por la CTA, por tener entidades constituidas o registradas para hacer negocios en Estados Unidos.
ANI publicó documentos para el proyecto “El Estanquillo-Popayán”
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio inicio al proceso de licitación pública del proyecto vial El Estanquillo-Popayán, al publicar el Proyecto de Pliego de Condiciones en la plataforma Secop I. Este proyecto, que se desarrollará bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), tiene como objetivo otorgar una concesión vial para mejorar la conectividad entre los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Ecuador. Con esta convocatoria, la ANI busca garantizar una conexión eficiente entre estas regiones, impulsando el desarrollo vial y regional.
Este proyecto, con una inversión de 7,6 billones de pesos, tiene proyectadas 6 intervenciones de rehabilitación, mejoramiento y construcción alrededor de 252.3 kilómetros de variantes nuevas y dobles calzadas, con el objetivo mejorar el transporte de carga y pasajeros, beneficiando a más de un millón de personas. A través de estas intervenciones se reducirán considerablemente los tiempos de desplazamiento. Adicionalmente, en su fase de construcción, se estima que este proyecto generará alrededor de 151.000 empleos directos e indirectos, impulsando el desarrollo económico y social de la región.
El proyecto contempla, en su etapa constructiva (compuesta por 1,5 años de preconstrucción y 4,5 años de construcción), la edificación de 14 túneles, 116 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y 5 nuevas intersecciones a nivel y desnivel, toda infraestructura nueva. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, se incluye la intervención de puntos críticos a lo largo de los tramos y la estabilización de taludes mediante obras geotécnicas. También se implementará un Sistema Inteligente de Control y Apoyo al Tránsito, diseñado para reducir la accidentalidad mediante la incorporación de nuevas medidas de seguridad vial.
La publicación de los Pliegos Definitivos en el portal SECOP I está prevista para el 25 de febrero de 2025, seguida de la audiencia de asignación de riesgos el 28 de febrero de 2025. Los interesados podrán hacer observaciones al Pliego de Condiciones hasta el 5 de mayo de 2025, y el cierre del proceso está programado para el 22 de agosto de 2025. Finalmente, la audiencia de adjudicación se llevará a cabo el 3 de octubre de 2025.
Gobierno Nacional expide decreto para garantizar abastecimiento de gas natural
Por: Viviana Veloza - Centro de Investigaciones
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1467 de 2024 con el propósito de implementar políticas que aseguren el suministro de gas natural en el territorio nacional. Entre los objetivos principales de esta normativa se encuentran viabilizar el desarrollo de fuentes de gas natural costa afuera y fomentar la importación de este recurso, medidas que buscan atender las necesidades de consumo interno y mitigar riesgos de déficit de abastecimiento en sectores esenciales. Asimismo, el decreto establece lineamientos para la comercialización de gas importado y define las reglas para la operación de infraestructuras de regasificación como actividades complementarias al servicio público domiciliario de gas combustible.
La norma establece como prioritarias la protección de la demanda esencial, la regulación de contratos para garantizar el suministro continuo y la implementación de incentivos para la inversión en infraestructuras clave. Además, se adopta un plan de abastecimiento de gas natural con una vigencia de diez años, que será actualizado anualmente para garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio. La normativa, que incluye un enfoque técnico basado en estudios de la UPME, entra en vigor desde su publicación en el Diario Oficial y establece mecanismos flexibles para la adaptación a las dinámicas del mercado internacional.
Así avanzan los proyectos de ley para el sector educación
Por: Stephania Piñeros y Paula Briceño - Centro de Investigaciones
En el Congreso de la República, con corte al mes de diciembre de 2024, se están tramitando un total de 20 proyectos de ley relacionados al sector Educativo. De estos, 2 han sido presentados durante la legislatura actual (20 de julio de 2024 - 20 de junio de 2025) y 18 proyectos en la legislatura pasada (20 de julio de 2023 - 20 de junio de 2024).
La mayoría de los proyectos se encuentran en su etapa inicial en el procedimiento legislativo, teniendo en cuenta que, del conjunto de proyectos, el 45,0% se encuentran entre el primer (5,0%) y segundo (40,0%) debate. El estado y los temas de cada una de estas iniciativas legislativas, se presenta en las siguientes gráficas:
