Boletín Minería, O&G | 18 de noviembre 2022

Decálogo propuesto por el Presidente Gustavo Petro en la COP27 para enfrentar la crisis climática

Presidencia de la República

En su intervención en el marco de la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), el Presidente de la República presentó un decálogo de acciones para enfrentar la crisis climática a desarrollar con el conjunto de la comunidad internacional: los gobiernos y la humanidad.

El decálogo está centrado en la desconexión de los hidrocarburos y la descarbonización del sistema económico y contempla, entre otros, los siguientes pilares que, en opinión del Presidente, permitirán salvar el planeta y evitar la extinción de la raza humana:

 

 

Acción

Implicaciones

1

Desarrollo de una política mundial para superar la crisis climática y evitar la extinción de la humanidad

Actuación global y movilización inmediata de la humanidad

Establecimiento de mecanismos diferentes al mercado

El mercado fue la causa de la crisis y no será la solución

Planificación pública, global y multilateral del paso a una economía descarbonizada mundial

La ONU debe ser el escenario

Movilización de la humanidad para corregir el rumbo

En lugar del acuerdo de tecnócratas

Protección de los pilares del clima del planeta

La selva amazónica es uno de ellos y requiere la inversión local y global para su conservación. Colombia invertirá US$200 millones anualmente durante 20 años.

6

Suspensión del consumo de hidrocarburos y carbón

Desvalorizar las economías de hidrocarburos y valorizar las descarbonizadas: un mundo sin hidrocarburos y carbón

7

Modificación de los tratados constitutivos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)

Deben ser reformados y condicionados a los acuerdos de la COP

8

Implementación del programa de cambio de deuda por la inversión en adaptación y mitigación del cambio climático en los países en desarrollo

A cargo del FMI, entidad que deberá cesar también las políticas de bloqueo económico

Finalización de la financiación de la economía de los hidrocarburos

Por parte de la Banca Privada y Multilateral

10 

Iniciación de las negociaciones de la paz

Centrar los esfuerzos en salvar el planeta

Fuente: Presidencia de la República: 07-11-22

 


 

Normativa

La CREG precisó el valor del impuesto nacional para la gasolina corriente

CREG  Ver documento

La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Circular N.º 109 de 2022, por medio de la cual, precisó el valor del impuesto nacional para la gasolina corriente que se determinó en la Circular N.º 104 de 2022 que contenía la estimación y publicación de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel que regiría en el territorio nacional a partir del 1 de noviembre de 2022.

Es así, que el impuesto nacional para la gasolina corresponderá a 586,25 pesos por galón, conforme a lo dispuesto en la Resolución DIAN 000019 de 2022, y no al publicado en Tabla 1 en los componentes de la Gasolina Motor Corriente por el valor de 586,24 pesos por galón, ya que correspondió al cálculo realizado conforme los valores base y metodología de actualización presentados en los artículos 218, 219 y 220 de la Ley 1819 de 2016 sin aproximaciones. Aunque, el valor oficial es el contenido en la Resolución DIAN 000019 de 2022, que dispuso que el valor del Impuesto Nacional para la gasolina motor corriente es de 586,25 pesos por galón y, por tanto, debe ajustarse. Esta corrección no genera cambios en el valor total de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel.

 


 

Esta es la ley que aprueba el Acuerdo de Escazú

Presidencia de la República  Ver documento

El Presidente de la República sancionó la Ley 2273 de 2022, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe", adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018”. Para su entrada en vigor será necesaria la revisión de la Corte Constitucional y el depósito del documento de aprobación ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

Este es un acuerdo regional para los 33 países de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo último es proteger los derechos de las personas y de las generaciones futuras a un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Las disposiciones que lo integran persiguen el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, así como la implementación en los estados parte de los siguientes derechos:

  1. Acceso a la información ambiental
  2. Participación pública en la toma de decisiones ambientales
  3. Acceso a la justicia en asuntos ambientales

De los veinticinco estados que han firmado el acuerdo, trecelo han aprobado. Una vez culminado todo el proceso previsto en el ordenamiento jurídico, Colombia podría ser el estado número catorce:

 

 

Estado

Fecha entrada en vigor

1

Guyana

18/04/2019

Bolivia

26/09/2019

San Vicente y las Granadinas

26/09/2019

Saint Kitts y Nevis

26/09/2019

Uruguay

26/09/2019

6

Antigua y Barbuda

4/03/2020

7

Nicaragua

9/03/2020

8

Panamá

10/03/2020

Ecuador

21/05/2020

10 

Santa Lucía

1/12/2020

11 

Argentina

22/01/2021

12 

México

22/01/2021

13 

Chile

13/06/2022

Elaboración del Centro de Investigaciones de BU con información disponible en el sitio web del observatorio de la CEPAL con fecha 07-11-22

 


 

Doctrina

Gobierno anunció hoja de ruta para la transición energética justa

Minenergia  Ver documento

El Ministerio de Minas y Energía presentó la "Construcción de principios, metodología y lanzamiento del Diálogo Social para definir la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa en Colombia" en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP27, en Egipto. Esta transición energética considera el proceso que se ha llevado a cabo y consideró análisis técnicos, la normatividad existente y las acciones que se inició en el país para diversificar su matriz energética.

El proceso contempla una etapa detallada de planeación en un periodo de seis meses para tratar temas como: cualificación laboral de los trabajadores asociados al sector minero-energético, transición productiva, y mejoramiento de la calidad de vida en los territorios con enfoques étnico y de género.

 


 

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