El 28 de agosto de 2024, se conoció la decisión de la Corte Constitucional Colombiana en relación con la constitucionalidad de la Ley 2273 de 2022, por la cual se aprueba el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú.

Esta decisión se da después de más de un año de estudio por parte de la Corte Constitucional durante el cual la Corte abrió un periodo probatorio y ordenó convocar a una audiencia pública. 

En el marco del periodo probatorio se presentaron 73 intervenciones ciudadanas, oficiales y conceptos técnicos a favor o en contra de la constitucionalidad de la Ley. 

En la audiencia pública convocada por la Corte diferentes autoridades, expertos e invitados presentaron sus posiciones sobre el Acuerdo de Escazú y si éste respetaba los principios de seguridad jurídica y de soberanía nacional.

La Ley 2273 de 2022 tiene como objetivos principales (i) garantizar el acceso a la información ambiental, (ii) promover la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, (iii) garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y (iv) proteger a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. 

La constitucionalidad de la ley que aprueba el acuerdo marca un hito para Colombia, en la medida en que como lo señala el objetivo de la ley que lo aprueba, su implementación busca contribuir a la protección del derecho las personas y las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 

Al respecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante “MADS”), se pronunció anunciando que ya avanza en estrategias orientadas a la promoción de la participación ciudadana y la gobernanza ambiental, en el marco de implementación del citado acuerdo. Estas estrategias contemplan la creación de: (i) una Comisión Interinstitucional; y (ii) el programa de control social denominado “Alerta por mi ambiente”. 

Esta decisión conlleva esfuerzos no sólo desde el sector público, en materia de su reglamentación, sino de forma conjunta con el sector privado y la sociedad en general, para lograr su implementación.

El equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles de Brigard Urrutia en conjunto con la Universidad del Rosario ha preparado una asesoría legal ambiental corporativa que le permitirá a su organización facilitar no solo el entendimiento de las implicaciones y obligaciones del acuerdo, sino que permitirá formular una hoja de ruta para su implementación y para mitigar cualquier riesgo asociado a la medida de proyectos, obras o actividades que requieren la toma de decisiones ambientales.  

Para más información sobre este servicio y la forma como el Acuerdo de Escazú podría impactar sus actividades comuníquese con Margarita Solorza - msolorza@bu.com.co  o con cualquier miembro del equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles para lo cual podrá consultar sus datos en el siguiente link