El Decreto, que busca la implementación de modelos de Asociación Público-Privada, o APP, al suministro de infraestructura física y de soluciones de informática y tecnología, regula aspectos como los bienes y servicios que pueden ser objeto de modelos APP; el manejo de información pública, personal y sensible; los criterios de disponibilidad y nivel de servicio, y los estándares de obsolescencia tecnológica, entre otros. 

Los modelos APP son instrumentos de vinculación de capital privado a través de un contrato estatal para proveer bienes públicos y servicios relacionados. Los modelos APP constituyen un gran mecanismo para la inversión de recursos del sector privado, pues permiten impulsar, de manera rentable, programas estatales y aumentar la cobertura en la prestación de servicios públicos. 

Bajo el Decreto 1974, compañías privadas especializadas en el sector TIC podrán invertir en el diseño y despliegue de infraestructura, y los servicios asociados a su operación, mantenimiento y equipamiento. Lo anterior cobra especial importancia ya que la implementación de los servicios de soluciones tecnológicas es vital para la transformación digital de las entidades públicas.