El 29 de marzo del presente año, 130 Estados de la Asamblea General de la ONU aprobaron la adopción de una resolución en la cual se solicita a la Corte Internacional de Justicia – CIJ, principal órgano judicial de la ONU, una opinión consultiva respecto a la obligación de los Estados de adoptar medidas para contrarrestar el cambio climático en defensa de los derechos humanos.

En la resolución, la Asamblea General solicita que la CIJ aclare las consecuencias jurídicas que los Estados deberán enfrentar si, por acción u omisión, causan graves daños al sistema climático y/o a otros elementos del ambiente. Además, se solicita a la CIJ que explique las obligaciones legales de los Estados para mantener el sistema climático y controlar las emisiones antropógenas, en favor de las generaciones presentes y futuras.

Si bien las opiniones de la CIJ no tienen carácter obligatorio, sí influencian las políticas internas así como la jurisprudencia y la doctrina internacional y nacional.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos la define como una resolución histórica, que servirá para definir las obligaciones de los Estados y proteger los derechos humanos frente al cambio climático.