El pasado martes 5 de diciembre, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, tras una reunión sostenida en Bruselas, Bélgica, publicaron una lista “negra” de 17 países considerados jurisdicciones no cooperativas en asuntos fiscales o conocidos comúnmente como paraísos fiscales.
Dentro los países incluidos en la citada lista se encuentran: Panamá, Bahréin, Barbados, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Granada, Guam, Islas Marshall, Macao, Mongolia, Namibia, Palau, Santa Lucía, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago, y Túnez.
Los criterios que fueron tenidos en cuenta por la Unión Europea para calificar las jurisdicciones fueron: (i) políticas de transparencia fiscal, (ii) fiscalidad justa y (iii) implementación de las medidas sugeridas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En adición a lo anterior, la Unión Europea emitió una lista “gris” de 47 países que actualmente no cumplen con los estándares de fiscalidad del bloque, pero se han comprometido a cambiar sus normas fiscales.
Los 47 países o territorios que se encuentran en la lista “gris” son: Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Belice, Bermuda, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Cabo Verde, Islas Caimán, Islas Cook, Curazao, Islas Feroe, Fiyi, Macedonia, Groenlandia, Guernsey, Hong Kong, Isla de Man, Jamaica, Jersey, Jordania, Liechtenstein, Malasia y Labuan, Maldivas, Mauricio, Montenegro, Marruecos, Nauru, Nueva Caledonia, Niue, Perú, Omán, Qatar, San Vicente y las Granadinas, San Marino, Seychelles, Suiza, Serbia, Suazilandia, Taiwan, Tailandia, Turquía, Uruguay y Vanuatu.
En principio, la consecuencia fundamental de ser incluidos dentro de la lista negra, es perder del acceso a los fondos de la Unión Europea; ello sin perjuicio de que puedan establecerse sanciones adicionales. Por su parte, los contribuyentes que ejecuten operaciones con compañías ubicadas en dichas jurisdicciones, estarán sometidos a un control especial, que implicaría mayores auditorias y seguimiento de sus transacciones.
En este sentido, será muy importante revisar las estructuras y transacciones que puedan involucrar jurisdicciones incluidas en la lista negra para verificar el impacto que la reciente calificación pueda tener sobre las mismas.