Con motivo de la emergencia sanitaria que vivía el País, se creó el impuesto solidario que establecía que los funcionarios que ganaran entre $10 millones y $12,5 millones tenían que aportar el 15% de su salario para apoyar a las familias más vulnerables por la emergencia, mientras que los funcionarios con salarios entre $12,5 millones y $15 millones debían aportar el 16%.
Por su parte, a los salarios que se encontraban en el rango entre $15 millones y $20 millones se les aplicó una tarifa del 17% y los superiores a los $20 millones, una del 20% (Esta retención también aplica para contratistas). 
El decreto incluía a los pensionados con mesadas de $10 millones, por un periodo de tres meses como sujetos pasivos que debían contribuir a esta fuente de ingreso solidario para proteger a los sectores vulnerables.
De conformidad con este suceso, el alto tribunal constitucional manifestó que el impuesto solidario violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado, sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no iba de acuerdo con los principios y preceptos constitucionales.
Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos (unos 2.658 dólares) por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc. Esto no sucedió, porque únicamente se les cobró a los trabajadores del Estado.
Así mismo manifestó la Corte, que los dineros que se han pagado por los sujetos pasivo del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021. De esta manera, ha de entenderse los efectos retroactivos de la decisión de esta corporación.