Configuración de la prescripción ordinaria del contrato de seguro

Mediante la sentencia 48.975 del 2 de marzo de 2022, la Sección Tercera del Consejo de Estado (en adelante, el “CE”) resolvió un recurso de apelación promovido por una aseguradora en contra de la sentencia de primera instancia que la condenó al pago de los perjuicios sufridos por una entidad pública, al haberse demostrado el incumplimiento del contrato de interventoría.

En los antecedentes del proceso se demostró que la aseguradora recurrente había expedido un seguro de cumplimiento para amparar a la entidad pública frente a los perjuicios que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento del contratista. Sin embargo, la aseguradora alegó que la resolución en virtud de la cual la entidad pública (i) declaró la ocurrencia de un siniestro y (ii) ordenó hacer efectivo el seguro expedido por dicha compañía, fue expedida después de haberse configurado el término de prescripción ordinario contemplado por el artículo 1081 del Código de Comercio. 

El CE estudió la fecha en la cual el asegurado conoció o debió conocer la ocurrencia del siniestro para efectos de contabilizar el término de prescripción. En ese sentido, se demostró que el hecho detonante del siniestro fue el desplome de un talud, evento que fue conocido por la entidad pública el mismo día de su ocurrencia, es decir, el 23 de julio de 2001, momento en el cual se encontraba vigente el seguro expedido por la recurrente. 

El CE también confirmó que la resolución de la asegurada fue expedida el 2 de septiembre de 2005, es decir, 4 años y 1 mes después de que sucedió el colapso del talud, por lo cual el término de la prescripción ordinaria de dos años ya había transcurrido.

Finalmente, el CE también consideró que la entidad pública se había equivocado en el seguro que pretendió afectar con ocasión de la ocurrencia del desplome del talud pues el que eventualmente hubiera estado llamado a brindar cobertura no era el suscrito para amparar el cumplimiento del contrato de interventoría (como se pretendió en este caso) sino el que amparó directamente el cumplimiento del contrato de obra. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia fue revocada y la aseguradora eximida de la obligación de indemnizar a la entidad pública. 

Si desea consultar la sentencia 48.975 del 2 de marzo de 2022, haga clic aquí

 

 

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