Sentencia T- 445 de 2016 | Abogados en Colombia Brigard & Urrutia Sentencia T- 445 de 2016

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Sentencia T- 445 de 2016

Lun, 10/31/2016 - 09:47
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Recursos Naturales y Ambiente

Sentencia T- 445 de 2016

La Corte Constitucional se pronuncia nuevamente sobre la minería en Colombia

El pasado 11 de octubre de 2016, la Corte Constitucional (en adelante la Corte) publicó la sentencia T- 445 de 2016, en la cual se debatió la validez de una consulta popular que pretendía prohibir la minería en el municipio de Pijao, Quindío. Esta sentencia expone temas relacionados con la autonomía territorial, la función del ordenamiento territorial, la reglamentación del uso del suelo en cabeza de las autoridades municipales y distritales, la protección de los recursos naturales, la explotación sostenible de los recursos naturales, la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectarlos y la importancia de la consulta popular para ejercer dicha participación.

El Alcalde de Pijao decidió elevar una consulta popular para que el pueblo se pronunciara sobre la realización de actividades mineras en el municipio. Siguiendo el conducto regular, el Alcalde remitió la pregunta al Tribunal Administrativo del Quindío (en adelante el “Tribunal”) para su revisión. El Tribunal estimó que la pregunta era sugestiva y atentaba contra la libertad del votante pues contenía elementos valorativos que inducían a una respuesta. Adicionalmente, el Tribunal argumentó que, en aplicación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y los Decretos 936 de 2013 y 2691 de 2014, las autoridades locales no podían prohibir la minería en sus territorios.

Como consecuencia de lo anterior, una habitante del municipio de Pijao decidió instaurar una acción de tutela en contra de la sentencia del Tribunal, alegando que: (i) la sentencia vulnera sus derechos a la participación ciudadana, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso; (ii) la pregunta de la consulta popular no era sugestiva; y (iii) el Alcalde estaba cumpliendo con el deber consagrado en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 según el cual, “cuando los proyectos mineros amenacen con crear un cambio significativo en el uso del suelo que den lugar a una transformación en las actividades tradicionales del municipio, se debe elevar una consulta popular”. Finalmente, la accionante manifestó su preocupación por el aumento de actividades mineras en Pijao sin contar con estudios científicos que evalúen sus efectos sobre la forma de vida tradicional de los habitantes del municipio, la calidad del agua y los demás recursos naturales.

Para iniciar su análisis, la Corte estudia el ordenamiento territorial y la reglamentación de uso del suelo por parte de las autoridades municipales. Al respecto, la Corte indica que las autoridades locales y nacionales deben actuar bajo los principios de concurrencia, coordinación, y subsidiariedad, lo que presupone que debe garantizarse la participación de todos los niveles de la administración involucrados.

Así las cosas, la Corte aclara que la planificación del manejo de los recursos naturales le corresponde al “Estado”, entendido éste como una referencia genérica a las autoridades estatales de distintos niveles y no solo a la “Nación”, término que hace referencia únicamente a las autoridades centrales. De esta manera, la Corte concluye que el ordenamiento ambiental del territorio le corresponde también a las autoridades locales y no sólo a la “Nación”, pues las competencias para la protección del medio ambiente concurren en cabeza de los diferentes niveles territoriales. 

En este orden de ideas, la Corte procede a analizar el componente ambiental del territorio, haciendo énfasis en que el medio ambiente es un bien jurídico protegido constitucionalmente, que debe ser preservado para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras bajo la directriz de desarrollo sostenible del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015). Siendo así, la Corte concluye que los impactos de la actividad minera afectan varios aspectos económicos, sociales y ambientales de las regiones, entre los cuales se encuentran: la soberanía alimentaria, el conflicto armado, el desplazamiento, la pobreza y el medio ambiente. 

La Corte se refiere a la sentencia C-035 de 2016, que confirma que las competencias para la explotación minera de las autoridades nacionales se encuentran ligadas con las competencias para la ordenación del territorio asignadas a las autoridades locales como organismos descentralizados. Según la Corte, no tendría sentido otorgarle a las autoridades locales la competencia para regular el uso de suelo si una decisión de la “Nación” puede paralelamente disponer del subsuelo arbitrariamente. La Corte concluye, por lo tanto, que toda vez que el artículo 332 de la Constitución Política establece que el Estado es propietario de los recursos naturales no renovables que se encuentren en el subsuelo y que “Estado” debe entenderse como una referencia genérica a las autoridades estatales de distintos niveles, las autoridades locales también pueden tomar decisiones sobre el subsuelo. 

Por estos motivos, puesto que la minería tiene efectos negativos directamente sobre la población, la Corte concluye que la participación ciudadana es la clave para legitimar las decisiones que tome la administración y que puedan afectar a los habitantes de un determinado municipio. 

En síntesis, la Corte señala que las autoridades locales se encuentran facultadas para elevar consultas populares cuyo objetivo sea obtener un pronunciamiento vinculante de sus habitantes sobre la realización de actividades mineras en su territorio, aun cuando el resultado de la consulta sea prohibir la minería a través de la reglamentación del uso de suelo. 

Por su parte, la Corte también analiza la Política Minera Nacional y encuentra que no existe una investigación científica y sociológica elaborada por el Estado que permita determinar los efectos de la minería sobre los recursos naturales, el ecosistema y las poblaciones aledañas a los lugares donde se realizan actividades mineras. Por lo anterior, ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, al Institutito de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt y a la Contraloría General de la República, que conformen una mesa de trabajo con el objetivo de construir dichos estudios en un término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la fecha de publicación de la sentencia. A la mesa de trabajo se pueden vincular más entidades y miembros de la sociedad civil. Los integrantes de la mesa de trabajo deben remitir trimestralmente copia de los avances, cronogramas y actividades a ejecutar a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. 

Por último, y en relación con el caso concreto, la Corte hace un análisis sobre la pregunta elevada por el Alcalde de Pijao y estima que la misma, en efecto, incluyó elementos valorativos que inducían a una determinada respuesta por parte de los votantes, atentando contra su libertad de configuración. Por esta razón, declara que la pregunta es inconstitucional.

 

 

 

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