Listas modificaciones a las normas sobre macroproyectos de vivienda de interés social
Por:
María Paula Cruz
Asociada - Equipo Derecho Comercial y de la Empresa
Leydi Nieto
Jefe Centro de Información
El Gobierno Nacional expidió una nueva regulación aplicable a los macroproyectos de vivienda de interés social, con el fin de promocionar su formulación y ejecución, teniendo en cuenta que no se han presentado solicitudes para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, y que constituyen “[…] una herramienta de habilitación de suelo que permite generar proyectos de vivienda de alto impacto para la reducción del déficit de vivienda, mejorar indicadores como espacio público efectivo y cobertura de servicios urbanos”.
Para los fines indicados, a través del Decreto 262 de 2022, se ajustaron las referencias al déficit habitacional, teniendo en cuenta las cifras de población y vivienda; se modificaron disposiciones relativas a la etapa de radicación, prefactibilidad y evaluación de este tipo de instrumentos; y se ajustó la distribución del porcentaje de suelo destinado para Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario conforme a la escala e impacto de los Macroproyectos.
Adicionalmente, la regulación contempla modificaciones a (i) la dimensión de los Macroproyectos y porcentajes mínimos y máximos de las áreas destinadas a VIP y VIS, (ii) la propuesta urbanística preliminar, (iii) la comunicación a los municipios y distritos, y, (iv) la evaluación de la propuesta del Macroproyecto.
El decreto empezó a regir a partir de su publicación el pasado 23 de febrero de 2022 y modificó las disposiciones correspondientes del Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda
Reiteración de la política pública de seguridad digital para las entidades estatales del orden nacional
Por:
María Paula Cruz
Asociada - Equipo Derecho Comercial y de la Empresa
Leydi Nieto
Jefe Centro de Información
Mediante directiva presidencial se entregaron instrucciones a las diferentes entidades públicas que hacen parte de la rama ejecutiva del orden nacional, a través de la cual, se reiteró la política pública en materia de seguridad digital.
Las directrices entregadas se fundamentaron en el número elevado de ataques cibernéticos de los que han sido objeto las entidades estatales, lo cual constituye una grave amenaza para la seguridad digital, y en el reconocimiento de que éste es uno de los retos más importantes que enfrenta cualquier tipo de institución.
En la política reiterada se encuentran, entre otras, las siguientes instrucciones: (i) contratar los servicios de nube que se encuentren contemplados en los acuerdo marco de precios vigentes y otros mecanismos establecidos por Colombia Compra Eficiente, (ii) actualizar permanentemente los catálogos de sistemas de información, servicios, bases de datos, activos de información, infraestructura, flujos de información y artefactos, (iii) implementar estrategias de seguridad digital, (iv) exigir a los proveedores de servicios en la nube contratados los requerimientos mínimos en materia de ciberseguridad y la articulación de la estrategia de seguridad digital de la entidad, y (v) adoptar los programas de seguridad digital a través de un enfoque preventivo y proactivo, fundado en la gestión de riesgos.
DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. O2 DE 2022